República de Colombia
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Boletín de prensa 25 de enero de 2011
EL TIEMPO
PIDE ABSOLVER A GENERAL IVÁN RAMÍREZ POR DESAPARECIDOS DEL PALACIO
La Procuraduría señaló que no hay claridad en pruebas que se han entregado a lo largo del proceso.
Debido a eso, señaló el procurador delegado para el caso, hay dudas para pedir sentencia condenatoria contra el general Ramírez.
La toma al Palacio de Justicia fue perpeterada por el grupo guerrillero M-19 al Palacio de Justiciael 6 noviembre de 1985.
Por su parte, los apoderados de los familiares de las víctimas señalaron que esto no es sorpresivo y que forma parte de lo que ha sucedido en los últimos 25 años en los que ha reinado la impunidad en el proceso.
Por su parte, Cecilia Cabrera, familiar del desaparecido administrador de la cafetería del Palacio, Carlos Augusto Rodríguez, afirmó que tanto en la intervención de la Fiscalía como en la de la Procuraduría, se presentaron inconsistencias y contradicciones. Además, aseguró, no se tuvieron en cuenta las nuevas pruebas que comprometen al general Ramírez.
Este martes, a las 9 de la mañana, continuarán los alegatos de conclusión en el juicio que se le lleva al general (r) Ramírez por los desaparecidos en la cafetería del Palacio de Justicia.
En la audiencia se realizarán las intervenciones de los familiares de las víctimas.
DEJAN EN FIRME PROCESO CONTRA MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE BOGOTÁ
La Fiscal, Viviane Morales, envió una carta notificando que el proceso fue desarchivado.
La decisión sobre la denuncia de una funcionaria que fue retirada de su cargo, fue criticada por el magistrado que presidía la audiencia y el abogado de los demandados.
El abogado Killian Avilan, defensor de los magistrados, sostuvo que la decisión fue una estrategia de la fiscal para no acudir a la diligencia y anunció que pedirá un control de legalidad a la misma.
Entre tanto el magistrado Marco Antonio Rueda dijo que la decisión unilateral de la fiscal de desarchivar el caso impidió que se pudiera someter al control legal y constitucional.
TRASLADAN FISCAL QUE LLEVABA CASO DEL REFERENDO REELECCIONISTA
Traslado se da a menos de un mes de la audiencia de imputación de cargos a Luis Guillermo Giraldo.
A menos de un mes de la audiencia de imputación de cargos a Luis Guillermo Giraldo y los demás promotores del referendo, fue trasladada la fiscal que adelantaba la investigación.
La fiscal 69 Claudia Patricia Chorón Erazo que conoció el caso durante dos años fue trasladada hoy a la unidad de individualización de decisiones y tendrá que dejar de conocer el proceso del referendo.
Ahora un nuevo fiscal asumirá el proceso y tendrá que decidir si mantiene la imputación de cargos a los promotores del referendo.
EDITORIAL: EL FIN DEL COMIENZO
la Presidencia se tomó en serio las facultades que brindan los estados de excepción.
El pasado sábado, en Villavicencio, el presidente Juan Manuel Santos declaró finalizado, desde el punto de vista legal, el estado de excepción a causa de la temporada invernal. A pesar de que aún le quedaba una semana más a la prórroga de la declaratoria, la Casa de Nariño considera que la legislación diseñada al amparo de las facultades extraordinarias "es suficiente para aender esta tragedia".
Desde el 7 de diciembre pasado, el Gobierno expidió un total de 37 decretos con fuerza de ley con el objetivo de estructurar de manera más ágil la respuesta estatal a los estragos de las lluvias. Si bien en las últimas semanas el país ha podido dar un respiro, el más reciente reporte de la emergencia a finales del año pasado sigue siendo abrumador: 2,2 millones de colombianos afectados en 710 municipios de 28 departamentos.
Una mirada a la treintena de decretos muestra que la Presidencia se tomó en serio las amplias facultades que la Constitución le brinda para los estados de excepción. La batería de herramientas es amplia en las áreas que cubre, así como ambiciosa en su alcance. Al abrigo de los decretos extraordinarios, el presidente Santos hizo de todo: reducir trámites de minería y de construcción de infraestructura; crear programas de empleo y de reforestación; diseñar seguros de cosechas y viviendas; establecer subsidios a servicios públicos, autorizar alivios tributarios y hasta modificar los límites de velocidad en las carreteras.
Pero las decisiones de mayor impacto son las tomadas en materia de impuestos, presupuesto nacional y el aparato ambiental del país. La Casa de Nariño empleó los poderes de la emergencia para aprobar una extensión de los tributos del patrimonio y de transacciones bancarias y para iniciar el proceso de venta de acciones de Ecopetrol. Unos 5,7 billones de pesos se estarían adicionando por estos rubros al presupuesto anual de 147 billones.
A lo anterior se añade un par de decretos que pretenden un rediseño del sistema de las corporaciones autónomas regionales (CAR). Si bien más tímido que en su intención original, las CAR no sólo estarán obligadas a destinar recursos a la atención del invierno, sino que su esquema de gobierno será más transparente y, se espera, menos politizado. Por último, la Casa de Nariño creó y estructuró los Fondos de Calamidades y de Adaptación para administrar con liderazgo empresarial -y sin las amarras de las normas estatales- los multimillonarios recursos públicos y privados de la rehabilitación.
Terminada la fase de diseño del aparato legal y ejecutivo para atender la tragedia, se puede afirmar que es el fin del comienzo de la emergencia. Es justo decir que el estado de excepción le permitió al Gobierno armarse de herramientas legales, de recursos fiscales y de músculo administrativo para desplegar un esfuerzo serio y transparente de reconstrucción de las áreas golpeadas.
Asimismo, el país espera entonces no sólo el despegue de las obras de rehabilitación sino también que, ante los pronósticos de continuación de 'La Niña' hasta junio de este año, no se presenten tantos estragos. El seguimiento al amplio conjunto de medidas y la vigilancia de los dineros es el mayor reto administrativo que el gobierno Santos ya enfrenta. Con instrumentos para brindar salud, empleo de emergencia y garantizar las jornadas escolares, las precarias condiciones de vida de los damnificados deben empezar a estabilizarse pronto.
La Casa de Nariño ya dio el primer paso: convertir esta crisis en una oportunidad al emplear al máximo, y con algún exceso, las facultades de la emergencia. El segundo paso, la ejecución del ambicioso plan, no será tan fácil.
EL ESPECTADOR
EN FIRME INDAGACIÓN PENAL CONTRA MAGISTRADOS DE TRIBUNAL SUPERIOR
El magistrado Marco Antonio Rueda dijo que no había lugar al control de legalidad, tras la reapertura ordenada por la Fiscalía General.
En firme quedó la reapertura de la indagación penal que cursaba en contra de los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, luego de que el magistrado de la Sala Penal de la misma Corporación, Marco Antonio Rueda, se abstuviera de pronunciarse frente a la decisión de la Fiscalía General de desarchivar el caso.
Rueda manifestó que la audiencia de control de legalidad solicitada por la denunciante María Adelaida Ruiz para someter a debate jurídico la decisión de archivo se hacía inocua, toda vez que la fiscal Vivanne Morales había tomado la decisión unilateral de reabrir la indagación.
Durante la administración Mendoza Diago se había >ordenado el archivo del expediente de la denuncia, que daba cuenta de supuestas irregularidades en las que incurrieron los integrantes de la Sala Laboral para finiquitar la separación del cargo que ocupaba en la Secretaría.
Sin embargo, Vivianne Morales consideró que había motivación suficiente para continuar con la indagación penal en contra de los 10 magistrados, y de ahí la determinación de Rueda de abstenerse de pronunciarse frente al caso.
María Adelaida Ruiz también interpuso una queja disciplinaria contra los indiciados, que ya había dejado un proyecto de fallo del sustanciador, Ovidio Claro, a favor de la apertura de la investigación por parte del Consejo Superior de la Judicatura.
“Se trata de una serie de delitos que fueron liderados por la magistrada Lucy Stella Vásquez Sarmiento, pero desafortunadamente los demás, exceptuando cuatro de ellos, que fueron los que asistieron a la sesión del 28 de marzo de 2007, momento en el cual quedó en firme mi calificación insatisfactoria de servicios, tras un informe falso que presentó la señora Lucy Stella Vásquez, eso dio como resultado el retiro del servicio siendo yo empleada de carrera”, sostuvo.
Indicó que incluso la jurisdicción contencioso administrativa ya le dio la razón a sus denuncias, pues declaró la nulidad de los actos que llevaron a su separación del cargo que ocupaba en la Secretaría.
EL NUEVO SIGLO
MORENO PIDIÓ AL GOBIERNO NACIONAL AJUSTAR TEMAS COMO ESPACIO PÚBLICO, ESPECTÁCULOS MASIVOS Y MANEJO DE LA PROSTITUCIÓN
Varios reparos planteó ayer el alcalde Samuel Moreno frente al contenido del proyecto de ley para establecer un nuevo Código de Policía.
En reunión con el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, y el comandante de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo, así como gobernadores departamentales y diferentes alcaldes del país, Moreno hizo algunos reparos al proyecto de Código de Convivencia Ciudadana –también conocido como Código de Policía- que será discutido por el Congreso de la República en marzo próximo.
Moreno aseguró que se necesitan ajustes en lo planteado en materia del ‘ejercicio de cualquier actividad económica’, ‘perturbación por ocupación de hecho y servidumbres’, ‘espacio público’, ‘espectáculos públicos’ y ‘prostitución’, entre otros.
Durante su intervención en el evento, el Mandatario Distrital dijo que se hace urgente actualizar el Código de Policía, dado que éste tiene 40 años y el crecimiento de las ciudades, así como la dinámica de sus relaciones de convivencia, sociales y económicas, han cambiado de forma importante.
Estos son los reparos:
- Espacio Público (Art. 41): Para el Distrito es de vital importancia que se consigne la facultad expresa para reglamentar dicha norma en los niveles Departamental y Distrital. Moreno aseguró que en Bogotá, la problemática del uso irregular del espacio público en actividades comerciales no puede compararse con la del resto del país, por lo que solicitó que se garantice cierto margen de acción a las autoridades del Gobierno de la ciudad para lograr el cometido de garantizar el uso colectivo del espacio público y no descaminar lo avanzado en esta materia.
- Espectáculos públicos (Art. 42): se refirió a la urgencia de modificar lo relativo a los términos y el procedimiento para expedir la autorización para la realización de los mismos.
- La Prostitución (Art. 60): tal y como está redactado en el Proyecto de Ley, el Alcalde Mayor señaló que pareciera que el enfoque es a tratar a quienes ejercen este oficio como personas enfermas o lesionadas, por lo que considera que es necesario revisar esta conceptualización, de tal manera que se humanice el tema y acercarlo al desarrollo constitucional, pero principalmente porque es oportuno hacer una relectura de la realidad social que circunda este fenómeno.
- Ejercicio de cualquier actividad económica (Art. 29), en relación con establecimientos comerciales. “Se echa de menos que no se considera que se deba cumplir con la destinación autorizada. En nuestro criterio, la destinación es una categoría, un criterio, diferente al uso”, opinó el alcalde Samuel Moreno.
- Perturbación por ocupación de hecho y servidumbres. (Art. 40): el Alcalde Mayor llamó la atención sobre la necesidad de incluir la responsabilidad de los propietarios, poseedores o tenedores de los bienes objeto de ocupación de hecho por parte de un tercero, pues el ejercicio de sus facultades no se puede limitar únicamente a la interposición de querellas cuando su derecho se vea afectado.
CORTES PIDEN DOBLE INSTANCIA EN PROCESOS CONTRA AFORADOS
El Presidente del máximo tribunal de la Justicia Penal advirtió de la inseguridad jurídica que generan las decisiones contra sentencias de altos tribunales
Incluir dentro del proyecto de reforma a la justicia, que el Gobierno tiene previsto radicar en marzo próximo en el Congreso, la doble instancia para el juzgamiento de congresistas, pidieron ayer los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Pedro Octavio Munar Cadena y del Consejo de Estado, Luis Fernando Álvarez.
En el marco del segundo conversatorio sobre la reforma a la justicia, que organiza el Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Munar Cadena señaló la necesidad de instalar ese mecanismo y aclaró que no fue adoptado unilateralmente por la Corte Suprema, sino por la Constitución de 1991.
“La doble instancia es un principio que ha adquirido la categoría de fundamental, y los estándares internacionales reclaman que es deseable que en todos los procesos exista esa posibilidad, luego es algo a lo que debe apuntar una eventual reforma a la justicia”, advirtió el presidente de la Corte Suprema.
Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, Luis Fernando Álvarez, consideró necesario implementar la doble instancia en los procesos de demanda de pérdida de investidura contra los congresistas, en que la etapa de investigación y el respectivo juicio pueden ser adelantadas por dos secciones distintas del máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo.
“La doble instancia definitivamente es una garantía al debido proceso, porque finalmente es la oportunidad que tiene un servidor público de que otro juez revise una decisión ya adoptada por otro juez en un primera instancia”, aseguró Álvarez.
El año pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema había modificado su reglamento interno para que en los procesos contra los aforados se les garantice una doble instancia, en el que una subsala de tres magistrados investiga y los otros seis restantes que la integran, realicen el juicio.
Tutela contra sentencia judicial
Otro de los temas que ayer fue discutido es el de la tutela contra sentencia judicial. En este aspecto, la reforma que propone el Gobierno dispone que la impugnación contra fallos de los altos tribunales es procedente, pero esta será fallada por la Sala Plena de la misma alta Corte que profirió el fallo impugnado y en segunda instancia será revisada de forma obligatoria por la Corte Constitucional.
Actualmente, este último tribunal decide por revisión si acepta estudiar la impugnación o no.
Los presidentes de las altas Cortes siguen criticando esta posibilidad.
“En materia de decisiones contra las sentencias de las altas Cortes le está creando un problema gravísimo al país, está generando bastante inseguridad jurídica”, señaló el presidente de la Corte Suprema.
Esta discusión viene ya desde el año pasado, cuando el Gobierno hizo público el borrador de la reforma. En distintos espacios académicos, tanto el presidente de ese entonces de la Corte Suprema, Jaime Arrubla Paucar como el del Consejo de Estado, Luis Fernando Álvarez, señalaron que esa disposición antes de acabar los choques judiciales, los incrementaría.
En las próximas semanas se tendrá que reunir la comisión interinstitucional para la reforma a la justicia, integrada por el ministro del Interior y Justicia, el viceministro de Justicia, los presidentes de las altas Cortes y el secretario jurídico de Presidencia de la República, para concensuar estas propuestas y otras hechas por los mismos jueces y magistrados del país, antes de sacar un informe final, el cual deberá ser presentado a finales de febrero próximo.
REVISTA SEMANA
MININTERIOR PRESENTÓ NUEVA POLÍTICA DE INDULTOS Y DESMOVILIZACIÓN PARA GUERRILLEROS
Ninguna persona que esté condenada por delitos de lesa humanidad será indultada y hasta el 13 de marzo los guerrilleros presos podrán solicitar su desmovilización formal.
El Ministerio del Interior y de Justicia fijó los nuevos parámetros para conceder el beneficio jurídico de indulto a guerrilleros desmovilizados.
“Ninguna persona que esté condenada por delitos atroces, de barbarie, terrorismo, secuestro, homicidio o actos que se consideren de lesa humanidad volverá a ser indultada por delitos políticos. No procederán más indultos para aquellas personas que estén condenadas por los delitos que les he mencionado”, indicó el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.
La nueva política está definida en el decreto 4619, del 13 de diciembre de 2010. Esta determina que no se concederán indultos a los ex guerrilleros que habiendo cometido delitos políticos (rebelión) -que son indultables-, hayan cometido otros delitos que no son indultables.
Lea el decreto completo aquí.
Este decreto además contempla que los guerrilleros capturados, que se encuentren privados de la libertad con anterioridad al 4 de abril de 2008, podrán desmovilizarse desde los centros de reclusión, sólo hasta el 13 de marzo del presente año. En otras palabras, el Decreto 1059 de 2008, que permite esta desmovilización desde las cárceles, pierde su vigencia.
“A partir del 13 de marzo quedan derogados los decretos que permitían la desmovilización de aquellas personas que estaban en centros de reclusión. Significa eso que a estas personas les resta hasta el día 13 de marzo para tramitar su solicitud”, dijo Vargas Lleras.
El Ministro señaló que los guerrilleros combatientes siempre tendrán la posibilidad de desmovilizarse en virtud del Decreto 128 de 2003, siempre y cuando asuman los compromisos que éste exige:
El guerrillero que quiera desmovilizarse deberá presentarse ante las autoridades policivas, judiciales o administrativas, deponer las armas y manifestar su voluntad de reintegrarse a la vida civil.
Deberá comprometerse a colaborar activamente con las autoridades para el desmantelamiento del grupo.
Si este guerrillero sólo ha incurrido en el delito político de rebelión, que se configura por la sola pertenencia a un grupo insurgente, podrá solicitar el beneficio jurídico del indulto.